© DR. Xavier A. López y de la Peña
Múltiples acontecimientos han sacudido recientemente la conciencia de los ciudadanos en todo el territorio nacional y con ello contemplamos, compartimos y participamos de una nueva perspectiva existencial.
El crecimiento de las ciudades ha generado conflictos de índole diversa, tanto entre las relaciones que guardan las personas entre sí, como entre las de éstas con otras personas que ejercen la autoridad. Se requiere de más servicios para satisfacer un sinnúmero de crecientes necesidades tanto de alimentos como de vivienda, de agua, energía eléctrica, alumbrado, comunicaciones, fuentes de empleo, educación, seguridad, transporte, salud y muchas, muchas más. Estas demandas deben ser cubiertas en cada persona para que su desarrollo pueda conseguirse en plenitud, sin embargo, dichos satisfactores no se consiguen así como así, deben obtenerse gracias al esfuerzo y trabajo de cada ciudadano.
La satisfacción de las necesidades guarda una relación directa con el desempeño de las personas en términos generales y de una manera extraordinariamente simplista. Sin embargo las cosas se complican cuando la necesidad de regular la demanda con la oferta de los satisfactores queda en manos de terceros, en este caso la autoridad.
Las personas se afanan en trabajar para la consecución de dichos satisfactores y con ello mejorar su calidad de vida, más y mejor trabajo tendrá como consecuencia más dinero como recompensa a su esfuerzo ya en salarios o ganancias y por ello más posibilidades de tener una mejor vivienda, una mejor educación una mejor calidad de vida en términos generales que le brinde la oportunidad de un desarrollo personal, familiar y comunitario armonioso.
La actividad productiva de cada persona, su esfuerzo ya como profesionista, obrero, empleado o patrón por referirme a unos pocos, se ve tasado por un impuesto que tiene por propósito destinarse al Estado para que a su vez éste lo devuelva en obras que contribuyan a su desarrollo ya con carreteras, calles, alumbrado, recolección y manejo de basura, hospitales, cuerpos de seguridad y vigilancia, centrales de abastos, planeación y desarrollo urbanos, transporte, escuelas, suministro eléctrico, y otros muchos.
El tener satisfactores depende del esfuerzo y del trabajo que se desarrolle. Así, tanto la salud como la seguridad y la educación son valores a los que se tiene que acceder gracias al trabajo individual y colectivo, no pueden otorgarse por decreto y representan por tanto, indicadores de desarrollo de los pueblos.
El trabajo personal en consecuencia representa la posibilidad de "tener" esos satisfactores que nos hagan acceder a una mejor calidad de vida. Sin embargo, el producto del trabajo cada día resulta menos capaz de satisfacer las necesidades descritas, el dinero que se obtiene con esfuerzo vale menos y se suma a una cadena de devaluaciones que sufrió el peso en el pasado siglo golpeando el bolsillo de todos y llevándonos a la paradoja de "ganar más pero con menos valor". La canasta básica y el salario mínimo son ya espejismos trasnochados, inconexos e incongruentes en la verborrea gubernamental.
Los sindicatos que surgieron para proteger los intereses de los trabajadores ante la explotación de los patrones sellados con sangre en Cananea y Rio Blanco, son historias olvidadas por el sindicalismo actual, politizado, veleidoso y acomodaticio y mantienen al trabajador en la zozobra de la inseguridad del empleo, la liquidación, la reducción de jornal y de jornada. Campean el desempleo, subempleo y malempleo como nunca en la historia del país.
El manejo de los recursos en el erario por todos reconocido de muchísimo tiempo atrás como ineficaz, para no abundar en calificativos, a sido público de acuerdo al reporte de la Contaduría Mayor de Hacienda en que los millones y millones de nuevos pesos se han manejado incorrectamente por ésta y aquella otra entidad con solo algo más de quinientas auditorías. ¡Cuánto no sabríamos con mil más!. La tasa a la ganancia por nuestro trabajo se dilapida y derrocha ineficientemente, ¿quién pagará por ello?. La impunidad es un elemento constante y hasta hoy aparentemente indisoluble en el ejercicio del poder.
La seguridad pública resulta también un tendón de Aquiles con un poder judicial corrupto hasta el tuétano.
Los crímenes, secuestros, asaltos a instituciones varias, robos a transeúntes, de automóviles, comercios y casas habitación que nos hacen espectadores y partícipes de una nueva cultura de las alarmas, los seguros y las rejas al abrigo de la inseguridad creciente y cotidiana generados por el desempleo, la corrupción y la crisis general.
Políticamente somos testigos también de las fracturas en partidos centralistas que luchan por detentar el poder con plataformas políticas populistas, amañadas y de espaldas a las verdaderas necesidades del pueblo que ven desmoronarse sus anhelos con el voto de rechazo, de castigo aún dentro de sus mismos militantes, y de otras fuerzas políticas radicales e intransigentes con ideólogos inteligentes pero resentidos que no logran impulsar una base capaz de constituirse en una opción real para la ciudadanía. Estos choques, ineficiencias y desintegraciones partidistas han impulsado la generación de organizaciones ciudadanas que "abominan" su identificación con cualquier partido político y luchan desde sus trincheras por un México mejor enfrentando, cuando es necesario o colaborando si es el caso también, con el Estado mediante una nueva relación: persona-organización no partidista-Estado de creciente peso e influencia en las decisiones gubernamentales.
El ciudadano ciertamente comprende mejor qué sucede en su entorno y busca de alguna manera participar en el cambio, no es fácil sin embargo lograrlo porque la vida en comunidad genera muy variados intereses y crecientemente más complejos, empero, el problema principal no radica en que tanto o cuanto sean difíciles sino cómo se aborden.
Si el problema es educativo, de salud, de transporte o de seguridad, éste tendrá solución en la medida que las estrategias a implementar y darle seguimiento se normen con valores de justicia, equidad y honestidad.
México enfrenta en buena medida una crisis de valores fuertemente arraigada que ya no solamente desconfía de la justicia, la igualdad y honestidad entre sus ciudadanos y autoridades, sino que además les tergiversa y los promueve constituyéndolos en "antivalores", así la justicia no es vista como un valor que vele por dar "a cada quién lo que merece" sino como el antivalor "de dar a cada quien lo que puede «merecer» según tenga", la igualdad se otorga con el antivalor de la "discrecionalidad" y la honestidad representa una lacra (antivalor) que le impide hacerse rico con el puesto. Respetar el derecho ajeno haciendo "cola" para adquirir un boleto o cobrar un dinero es de tontos, en tanto que el "listo" es el que socarrona o descaradamente se logra "meter"; tonto el que trabaja, listo el que no lo hace.
Se privilegia esperando a los que llegan tarde -vamos esperar 10 minutos más, dice el anfitrión- por encima de los que llegaron a tiempo a una conferencia. El puntual es un latoso que llega a la reunión a acompañar al que barre el local, o sorprende a los anfitriones de la cena poniendo la mesa o cociendo el brócoli -Caramba, ¿somos los primeros?-.
El mexicano trabaja y su esfuerzo cada día se ve menguado en su propósito de lograr una mejor calidad de vida para si y su familia, a perdido credibilidad en las instituciones y sobrevive en la inseguridad del mañana. Se aprieta el cinturón cada día más y resiente con violencia inusitada el paso de la ilusoria "prosperidad" del país.
El mexicano ha perdido credibilidad, vive en la inseguridad y resiente a la impunidad, pero no pierde la esperanza, se afana, trabaja y lucha a su manera por un México sin mentiras que le lleve a creer y confiar en la justicia, la igualdad y la honestidad.
El Pacto por México está en marcha, ¿funcionará?
